En la actualidad, las entidades encargadas de la administración del recurso minero y de la fiscalización a los proyectos que se desarrollan para su aprovechamiento, se han visto abocadas a reflexionar sobre el alcance y finalidad de su gestión, particularmente por la intervención de la Corte Constitucional en fallos que revelan dificultades a la hora de armonizar las competencias del orden nacional con aquellas que se encuentran radicadas en cabeza de las entidades territoriales, específicamente en los municipios; dificultades que hoy tienen frenado a más de un proyecto minero, que podría ser perfectamente viable y servir para apalancar el desarrollo de otros sectores productivos dentro de los territorios. La ficción legal que ha pretendido desligar al subsuelo (y los recursos que yacen allí), del suelo, ha entrado en crisis y reclama un nuevo enfoque en el que se dé cabida a una compresión más amplia de lo...
La investigación que comparto, propone un análisis crítico respecto de los deberes del Estado como propietario de los recursos naturales no renovables, específicamente frente a las obligaciones relacionadas con su administración, que debe aportar a la consecución progresiva de los fines esenciales del Estado.